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Liberan a productores

Por: Thays Domínguez Crítica -

Como héroes, y en medio de gritos, aplausos y hasta salomas, fueron recibidos los seis productores tras ser beneficiados con una medida de reporte quincenal. La jueza de garantías Zaddy Ureña declaró ilegales las detenciones, puesto que no existían elementos de convicción suficientes y la investigación no lo ameritaba.

Los trabajadores de la tierra fueron detenidos como delincuentes y esposados por miembros de la DIJ. Los productores Leonis Peralta, Luis Miguel Chávez, Pedro Vidal, Albert Martínez, Elías Marciaga y Carlos Avilés fueron aprehendidos a solicitud del Ministerio Público por su participación en las protestas del martes en Divisa, donde se dio la retención de dos ministros y se rompió el parabrisas de una 4x4 ministerial.

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A su salida de la sede del Sistema Penal Acusatorio de Herrera, tras la audiencia, los productores eran esperados por gran cantidad de personas, entre ellas familiares, productores y representantes de otros gremios, como los educadores.

En la audiencia, que duró unas tres horas, a los productores les imputaron cargos por delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia, privación de la libertad, así como por delitos contra la vida e integridad, tras la acusación realizada por los ministros Jonathan del Rosario y Eduardo Carles.

La jueza Zaddy Ureña indicó que no consideraba necesaria la detención para la comparecencia de los señalados, como sucedía en tiempos de la dictadura militar.

Por el Ministerio Público actuó la fiscal Milagros Sáez. El abogado defensor Rigoberto Vergara indicó que espera una absolución de sus defendidos.

"La fiscal agregó a la acusación cargos por lesiones personales, pero no tiene elementos que prueben que los funcionarios fueron golpeados", indicó Vergara.

Durante el tiempo que duró la audiencia, gran cantidad de personas se concentraron en las afueras del SPA, donde gritaron consignas contra el Gobierno.

Por su parte, el mandatario Juan Carlos Varela expresó su rechazo a “todo acto de violencia que afecte el orden público y altere la paz social”, pero dijo tener disposición para dialogar con miras a buscar una solución a los problemas que afectan al sector agropecuario.

Varela alegó que el tema de las importaciones es producto de acuerdos firmados en administraciones pasadas, y que el gobierno actual no está en capacidad de renegociar dichos Tratados de Libre Comercio, a cuatro meses de un proceso electoral.

El ministro de Seguridad, Jonathan del Rosario, expresó que en las protestas en Azuero se evidenciaron actos de violencia que no se compaginan con el Estado de derecho y con la democracia. "Sencillamente, aquellas personas que incurrieron en actividades que transgreden las normas administrativas y penales, ahora tienen que rendir consecuencia de sus actos", sentenció.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario alegó que ha desembolsado desde el mes de octubre $18.6 millones en concepto de incentivos y compra a productores de arroz y de leche grado C.

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