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Violencia institucional hacia las mujeres

Por: -

Por Gabriela Arosemena Montenegro

Twitter: @Gabby_Aro

La violencia institucional no es nada novedoso en nuestro país, en pleno siglo XXI y contemplando dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la igualdad de género, resulta un desatino que todavía dentro de nuestras entidades gubernamentales existan mujeres víctimas de violencia institucional por parte de servidores públicos, llamados a servir a la patria, pero quienes lejos de cumplir con su mandato, abusan de la autoridad y el poder que su cargo les confiere para cometer los más bajos y amorales abusos, tanto a hombres como mujeres, pero particularmente con mujeres.

Me refiero específicamente a aquellas mujeres que también son servidoras públicas, pero son sometidas a tratos discriminatorios al invisibilizarlas y mancillarlas por medio de la cosificación por parte de sus superiores y quienes se aterran solo al imaginarse los señalamientos, el escrutinio de terceros, de manera que se ven obligadas a permanecer en absoluta oscuridad y silencio toda vez que luego de ser utilizadas para fines mezquinos finalmente son anuladas de los espacios laborales a desempeñarse, inaceptable en un país que tiene compromisos internacionales como lo es el Convenio Belém Do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Es muy común que muchas de estas mujeres no se perciban a sí mismas como víctimas de estos abusos y opten por normalizar la situación incómoda de su día a día, con la reinante impunidad que se vive nuestro país, es casi que un sueño pensar que, si presentan denuncias, podrían saborear algo de justicia. Lo cierto es que, actuar, a pesar del miedo, es lo que diferencia cobardes de valientes; si no empezamos a alzar nuestras voces como mujeres, no podemos esperar que las cosas cambien, hasta el más poderoso puede caer siempre y cuando la causa sea justa. Toca al Estado prestar atención a este mal actuar de servidores públicos a través de investigaciones transparentes que salvaguarden la dignidad de la víctima frente a posibles casos o con programas de orientación a nivel interno; tener una armonía homogénea en el recurso humano de una institución pública se traduce en una respuesta más eficaz para el resto de la sociedad.

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